El País: figurita repetida

Entre tantas formas de realizar mal la labor periodística, en El País, cuando se trata de la cobertura sobre el conflicto árabe-israelí o asuntos relacionados sobre Israel, siempre caen en la misma, de fabulita infantil: Israel malo, palestinos buenos. Con lo que su crónica del 2 de noviembre de 2021 sobre el rechazo final de las familias de árabes palestinos para llegar a un acuerdo sobre contencioso habitacional en un barrio de Jerusalén, no era la excepción.

El titular: “Palestinos amenazados de expulsión en Jerusalén se niegan a renunciar a sus casas”.

“Palestinos amenazados”, claro. El bueno y el malo.

“Sus casas”… Alex Safian, analista de CAMERA, explicaba que en 1876, judíos compraron el predio de la Tumba de Simón y un terreno adyacente de 18 dunams a los árabes que lo tenían en propiedad. El comprador, un comité de judíos sefardíes y asquenazíes, dividió la propiedad. Mientras la mitad asquenazí permanecía vacía, los judíos sefardíes comenzaron a construir casas en su mitad, estableciendo una comunidad que llegó a contar con cientos de personas antes de disminuir ante la violencia árabe en la década de 1930. Luego del ataque árabe 1948, Jordania ocupó parte de Jerusalén (lo que se denomina ahora Jerusalén Oriental o Este) y Cisjordania, y el Custodio jordano de la Propiedad Enemiga tomó el control de todas las propiedades de Cisjordania pertenecientes a judíos, incluidos los edificios y terrenos judíos en Sheikh Jarrah.

Véase lo que lleva explicar un tema, y cómo, un redactor, con dos palabras destacadas y una breve distorsión de la realidad zanja, equivocadamente (siempre hacia el mismo lado), un tema.

“La fundación religiosa [los propietarios judíos del predio] abandonó el este de la ciudad tras la partición de Jerusalén en 1948: una parte occidental, judía y controlada por Israel, y otra oriental, árabe y bajo administración de Jordania”, resumía todo el medio

La división de Jerusalén, fruto de una guerra de agresión árabe, y de la ocupación jordana de su parte oriental, era presentada por el medio como una suerte de acuerdo de caballeros, donde cada interesado “administraba” su zona, y los judíos de la parte oriental no eran expulsados, sino que la “abandonaban”.

Pero sigamos con Safian, que, en tanto, señalaba que “la propiedad de gran parte de las tierras judías tomadas por el Custodio jordano se transfirió al gobierno jordano, que las utilizó, por ejemplo, para construir edificios gubernamentales en Jerusalén Este y para crear el campo de refugiados de Dheisheh, construido en su totalidad en tierras de propiedad judía. Además, los campos de refugiados palestinos de Qalandia y Anata se construyeron en parte en tierras judías que habían sido tomadas por el Custodio”.

La realidad resulta un revés para la ideología hecha de trocitos de vaya uno a saber bien qué. Por eso, mejor ignorarla y resumirla en dos palabritas falaces. Además, se le ahorra el engorro de leer de más a la audiencia. ¿O será, más bien, el engorro de escribir más y mejor al periodista? Amén, claro, de informarse acabadamente.

Más hechos. “En 1956, el Gobierno jordano llegó a un acuerdo con la UNRWA para utilizar los terrenos asquenazíes vacíos en Sheikh Jarrah para construir casas para 28 familias de refugiados palestinos. En virtud de este acuerdo, el Custodio alquiló el terreno al Ministerio de Desarrollo jordano y las Naciones Unidas (UNRWA) financiaron la construcción”, exponía Safian.

Y ya llegamos al final. O algo similar. “Los inquilinos afirman que, en virtud de un acuerdo paralelo, recibieron la titularidad de sus viviendas tras el período inicial de tres años, pero no hay pruebas de dicho acuerdo, lo que obviamente entraría en conflicto con el hecho de que tuvieron que firmar un contrato de arrendamiento. En cualquier caso, no hay pruebas de que ninguna de las 28 familias obtuviera nunca la titularidad de las viviendas por parte de Jordania o de UNRWA. Eran inquilinos que pagaban un alquiler”.

“Sus casas”… Es un salto de fe gigante; ni el más fiel se atrevería.

Un poco más de hechos. Refería Safian que, si bien incluso después de 1967 no hay forma de que los propietarios judíos originales recuperen los derechos sobre su propiedad, como en el ya mencionado campo de refugiados de Dheisheh y los edificios gubernamentales jordanos; los terrenos de Sheikh Jarrah son un caso excepcional ya que bajo el Custodio jordano, y luego el israelí, siguieron siendo propiedad de los judíos después de 1967. De hecho, el Custodio jordano tomó las tierras de Sheikh Jarrah después de 1948 porque eran de propiedad judía, en los siguientes 19 años nadie en Cisjordania o Jordania discutió el hecho de que eran tierras de propiedad judía. “Aunque en los últimos años algunos palestinos se han presentado alegando ser los legítimos propietarios de la tierra, su silencio durante tantos años, especialmente cuando la tierra fue tomada por primera vez por el Custodio jordano, hace que sus reclamaciones sean extremadamente dudosas, y los tribunales israelíes han fallado sistemáticamente en su contra”.

“Sus casas…”.

Para reafirmar esas dos palabras sin más sustento que las letras que las forman, el medio ofrecía un destacado debajo del titular: “Las familias de Seij Yarrah rechazan una propuesta judicial para permanecer como inquilinos de una organización de colonos”.

Son “sus casas” porque ha decidido el medio que los otros (ya no necesitan decir ni judíos o israelíes) son “colonos”, es decir, extraños, ocupantes en esa tierra, en esa ciudad – donde, según un documento del Ministerio de Exteriores Israelí que da cuenta de la historia demográfica reciente de Jerusalén, “desde 1870 los judíos han constituido una mayoría en Jerusalén. En el primer censo de población llevado a cabo por las autoridades del Mandato Británico en 1922, se encontró que la ciudad estaba habitada por 62 mil personas – 34.100 judíos, 13.400 musulmanes y 14.700 cristianos”.

En el primer párrafo el medio decía:

“Cuatro familias palestinas pendientes de expulsión en el barrio de Sheij Yarrah de Jerusalén Este han rechazado este martes la solución salomónica que les ofrecía el Tribunal Supremo de Israel: permanecer en sus casas como inquilinos durante al menos 15 años mientras abonaban un alquiler a la organización de colonos judíos que pretende desahuciarlos desde hace décadas”.

Otra vez “sus casas” – aunque los litigantes no hayan podido probar su titularidad. Y, también, silencio. Porque al medio se le pasaba por alto una información que publicaba el periodista israelí Khaled Abu Toameh en su cuenta de Twitter: había familias que inicialmente habían aceptado el arreglo ofrecido por la Corte Suprema, pero que posteriormente rechazaron. Antes, el propio periodista daba cuenta de que funcionarios de la Autoridad Palestina y Fatah habían arribado al barrio para prevenir que siete de las familias aceparan dicho acuerdo.

Lo que traslucía, como ya lo había hecho ya en mayo, la cruel utilización política por parte del liderazgo palestino, de un contencioso meramente civil.

Más adelante, un poco más de ideología presentada como información:

“En Jerusalén Este, ocupado y anexionado por Israel a partir de 1967, viven más de 300.000 palestinos junto a unos 200.000 colonos”.

Para que los judíos sean colonos en esa parte de la ciudad, hay que dar un salto lógico-ideológico nada despreciable. O bien hay que pensar – o querer hacer creer – que la ciudad estuvo divida de tal guisa desde tiempos inmemoriales, y que, además, la parte oriental siempre fue “árabe”. O hay que pensar – o querer hacer creer – que la ocupación jordana fue legítima, justa, y que ha sentado unas bases legales que otorgan un derecho especial sobre tal parte a los “árabes”. La cuestión de fondo es deslegitimar (y demonizar – de ahí el término “colono”) la presencia judía en una ciudad fundada por los judíos…

Más deslegitimación y demonización:

“El Supremo afronta ahora el dilema de hacer cumplir la ley israelí, que discrimina los derechos de propiedad de los palestinos…”.

El redactor, que parece querer introducir la idea de “apartheid”, engaña otra vez a sus lectores al decirles o sugerirles que se trata de una cuestión de derechos de propiedad cuando, en realidad, la titularidad judía ha sido demostrada ya ante los tribunales y de lo que se trata es de una demanda civil para que los inquilinos paguen el alquiler.

El medio arrojaba afirmaciones sin un solo asidero fáctico. Lo que hacía del texto algo más parecido a un panfleto ideológico listo para ser entregado en mano en algún predio universitario.

Un panfleto que terminaba con la inevitable cita de una ONG ideológicamente motivada. No debe faltar ningún ingrediente. De manera que ya casi no importa el asunto que tenga a Israel como protagonista, el medio parece publicar prácticamente el mismo artículo una y otra vez: un poco de posicionamiento, otro de distorsión y altas dosis de omisión, todo reducido a una salsa “informativa” aguachenta y escasa.

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