Un ejemplo de los tantos en el que la trucada balanza mediática respecto de la información concerniente al estado judío – esa ilusión de información, ese tráfico de desinformación – se pudo observar una vez más en acción en el caso de aquellas ONG, que no habiendo cumplimentado los requisitos para operar, no podrán de ahora en adelante operar en Gaza.
Este hecho que se produce luego de que Israel aprobara en marzo de 2025 una resolución que obliga a las organizaciones humanitarias a presentar una exhaustiva documentación sobre su estructura y actividades, así como a identificar a todo su personal —tanto extranjero como palestino—. El gobierno israelí, que explicó que el procedimiento se debe a razones de seguridad, informó que una serie de organizaciones no completó el dicho proceso de registro, que, según las ONG supone “una vulneración de la información sensible de su personal”.
Dicho estado sí aprobó, según informaba el Jerusalem Post, o otras organizaciones no gubernamentales a efectuar su labor en el enclave palestino costero:
“Las FDI han aprobado 24 organizaciones para seguir brindando ayuda humanitaria en Gaza, incluyendo muchas organizaciones estadounidenses y cristianas, así como el Cuerpo Médico Internacional… También hay ONG de otros países, como Peace Winds Japan, Deutsche Welthungerhilfe y UK-Med”.
A su vez, según indicaba el medio, y de acuerdo a Israel, las ONG que no podrán operar en Gaza producían el 1% de la ayuda humanitaria.
Mas, como en otras oportunidades, los hechos, el contexto y todo aquello que, se supone, es el deber del periodismo serio, se dejan de lado para recurrir al concurso de declaraciones y citas, donde las israelíes siempre resultan frías y burocráticas, y las otras, las que abunda, las que ocupan el lugar prioritario de la sensibilidad, se auxilian con los lugares comunes y las cifras del legitimado y blanqueado Hamás.
Brillaban por su ausencia interrogantes que parecen obvias: ¿Por qué se negaría una organización dedicada a la actividad humanitaria negarse a identificar a sus trabajadores?
Una muestra de esta repetida manera de eludir la práctica informativa dando la impresión de estar ejerciéndola la ofrecía RTVE.
Así, se daban por buenas las excusas y las afirmaciones de Médicos Sin Fronteras (MSF) sin el más mínimo atisbo de documentar circunstancias similares anteriores y las reacciones de la ONG en las mismas. De esta guisa, El Confidencial publicaba:
“Médicos Sin Fronteras ha denunciado que esta prohibición es ‘un intento cínico y calculado’ de impedir que las organizaciones presten sus servicios en Gaza y Cisjordania, ‘lo que supone un incumplimiento de las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional humanitario’. Recuerdan, además, que ‘denegar asistencia médica a la población civil es inaceptable en cualquier circunstancia’ y resulta ‘atroz utilizar la ayuda humanitaria como herramienta política o de castigo colectivo’”.
No hay un solo dato informativo real. Únicamente los adjetivos propios del lenguaje emocional y moralmente cargado: de la acusación.
En marzo de 2013 la misma ONG publicaba un brevísimo documento sobre Siria. Allí indicaba que:
“A pesar de las reiteradas solicitudes, MSF no ha recibido permiso del Gobierno para trabajar en el país, pero ha podido abrir tres hospitales en las zonas controladas por la oposición en el norte, donde la asistencia sigue estando muy por debajo del nivel de las necesidades”.
“Desde 2012, la ayuda internacional para los sirios dentro del país ha sido distribuida principalmente desde Damasco por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), agencias de la ONU (incluidas el WFP,, el ACNUR, la UNRWA, etc.) y alrededor de una docena de ONG internacionales. Esta ayuda se canaliza a través de la Media Luna Roja Árabe Siria y organizaciones locales, que están autorizadas por el Gobierno sirio para distribuir la ayuda sobre el terreno”.
“Aunque actualmente la ayuda humanitaria es insuficiente para satisfacer las enormes necesidades, será difícil conseguir más ayuda —y más eficaz— para el país. Por un lado, el Gobierno no permite que ninguna otra ONG internacional trabaje en el territorio controlado por él mismo; de hecho, se ha denegado a MSF el acceso a estas zonas, a pesar de varias solicitudes. Además, las organizaciones de ayuda humanitaria están obligadas a distribuir la ayuda a través de organizaciones locales, que ya están operando a plena capacidad y cuyo alcance geográfico es limitado.
Estas restricciones también limitan significativamente la capacidad de las agencias de ayuda toleradas por Damasco para llegar a la población del norte de Siria, controlado por la oposición”.
Nótese el lenguaje frío, casi notarial o de manual de instrucciones para el manejo de un artilugio mecánico, que contrasta con la verborrea cargada contra Israel. Además de la notoria docilidad ante la decisión del entonces gobierno sirio para que la ayuda se canalice a través de las agencias autorizadas por este. Y ni hablar de la naturalidad con que se asume la prohibición – sin mediar, aparentemente, un trámite que pudiera permitir las operaciones de la ONG.
En cuanto a los medios, una búsqueda sólo arrojó un resultado positivo – término por demás exagerado, porque ni se le prestaba atención al hecho. Así, en agosto de 2013 RTVE entrevistaba el presidente de MSF España, que decía que la ONG “ tiene en el norte de Siria seis hospitales, pero en el sur prestamos apoyo a 27 centros debido a la inseguridad o a la falta de acceso. […] Tenemos algunos contactos en la zona gubernamental y apoyamos a algún hospital, pero el régimen no nos da permiso para entrar pese a los intensos esfuerzos diplomáticos”.
Otra vez, quien hablaba en nombre de MSF le restaba importancia al hecho, y el periodista ni siquiera ahondaba en el mismo.
Eso sí, se indicaba que el presidente de MSF en España creía entonces que los “gobiernos occidentales están “utilizando” el informeque hicieron público para llamar la atención sobre unposible ataque químico masivo en la periferia de Damasco”:
“Nosotros desatamos la alarma ante una gran acumulación de casos con síntomas que sugieren exposición a agentes neurotóxicos. Fue una llamada de atención, pero pedimos a los organismos internacionales que tienen las capacidades técnicas y el mandato legal de hacerlo que lo investiguen porque nosotros no tenemos la certeza. Nos distanciamos completamente de confirmar que sea un ataque químico, solo tenemos sospechas clínicas. Yno somos la fuente para apuntar a ningún origen de este ataque”.
Otra vez el léxico de oscuro funcionario de oficina de patentes para referir casos de ataques químicos… Y de pronto, MSF dice no ser fuente fiable, sino un mero recadero sin certezas. De estas que le sobran en Gaza.
Basta recordar el papel de Ghassan Abu-Sittah, cirujano británico-palestino asociado con MSF, para revertir la llamada batalla narrativa: sus declaraciones públicas tras el impacto de un cohete palestino en el estacionamiento del hospital gazatí Al-Ahli “contribuyeron a avivar la indignación mundial basándose en acusaciones que posteriormente resultaron ser falsas. A pesar de las crecientes pruebas de que la explosión fue causada por un cohete palestino fallido, MSF no corrigió la información ni reconsideró su confianza en Abu-Sittah como autoridad neutral”, como explicaban en Quillette Gerald Steinberg, E. Levenson y Zoe Booth.
Aquí MSF sí parecía estar segura, carente de sospechas, henchida de certezas; con lo que sí eran la “fuente para apuntar” autorías del ataque. Aunque no fuera como se aseveraba.
Y claro, otra agencia que se negaba a ofrecer información sobre sus trabajadores era la infaltable UNRWA. Pero, en octubre de 2025 no era al gobierno israelí al que le negaba la colaboración, sino al estadounidense:
“El presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, James Comer, está investigando las acciones de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en respuesta a informes fiables que indican que miembros del personal de la UNRWA participaron en los atentados terroristas perpetrados por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. En una carta dirigida al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, el presidente Comer solicita todos los documentos y comunicaciones relacionados con la investigación de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OIOS) de las Naciones Unidas sobre los miembros del personal de la UNRWA acusados de ayudar o participar directamente en el ataque del 7 de octubre de 2023. Esta solicitud se produce tras el reiterado incumplimiento por parte de la UNRWA de responder adecuadamente a las solicitudes de supervisión del Gobierno de los Estados Unidos.
‘A pesar de las repetidas solicitudes de supervisión de Estados Unidos, la UNRWA, ya sea por iniciativa propia o por indicación de la ONU, se ha negado a proporcionar la documentación necesaria relacionada con la participación de su personal en esta atrocidad’”.
Mucha opacidad y, claro, mucha instrumentalización de agencias internacionales y ONG por actores no democráticos. Pasadas reputaciones – hoy denigradas – utilizadas para la propaganda y la deslegitimación de gobiernos democráticos.
Pero, esas son las “fuentes” que los medios les encajan sus audiencias. Las voces que sirven para imponer un relato por sobre los hechos a golpe machacón de emoción hecha adjetivo y de censuras selectivas.
Y sí, la doble vara de medir otras vez. O no. Algo más serio. Un dispositivo pseudo informativo puesto al servicio de una mirada obsesiva, patológica, sobre Israel. Mirada amplificada por el prisma de los estereotipos y prejuicios antiguos, aunque actuales, y de unos silencios, ya pertenecientes al territorio de la complicidad, acerca otros conflictos o regímenes totalitarios como el de Siria o el de los ayatolás. Ni siquiera la tan cercana invasión de Ucrania merece esa hipertrofia de los músculos locutorio y escribiente: hipérbole que coquetea con la fabulación y la propaganda.