Las urgencias y las relevancias cambian según el ojo que las considere o el interés que las promueva o explote. Al menos, eso se desprende del extremadamente escaso interés que ha suscitado en los espacios mediáticos, entre las intensidades de las redes sociales y las organizaciones que convocan las indignaciones de turno, la suspensión del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, tras una investigación de año y medio sobre las denuncias de abusos sexuales presentadas por una colaboradora.
Entre medio, en noviembre de 2025 The Guardian informaba que la mujer había sido objeto de “una operación encubierta llevada a cabo por empresas de inteligencia privadas, supuestamente por encargo de [una unidad diplomática de alto nivel de] Catar”. Uno de los objetivos principales de las empresas de inteligencia, decía el diario, era encontrar pruebas que pudieran utilizarse para socavar su credibilidad y las denuncias de abuso contra Khan.
Se trata del fiscal que prácticamente en tiempo exprés había solicitado las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant. La demanda había sido presentada por Sudáfrica el 29 de diciembre de 2023 ante la Corte Internacional de Justicia – disputas entre estados -, y las órdenes fueron emitidas por la CPI, que juzga a individuos, el 20 de mayo de 2024.
Un fiscal que durante una entrevista en mayo de 2026 declaró que no existían pruebas para sostener el cargo de genocidio contra Israel. Algo que también se escurrió bajo la siempre atenta mirada de quienes están fuertemente atentos al conflicto árabe-israelí: ni portadas ni proclamas.
Como tampoco las hubo la última semana de mayo de 2026 – coincidencias, simetrías de la naturaleza humana – Sudáfrica solicitó a la Corte Internacional de Justicia una prórroga de 18 meses para responder al último escrito de la defensa israelí en el caso de genocidio que interpuso contra Jerusalén a finales de 2023.
El Jerusalem Post explicaba que se esperaba que Sudáfrica presentara una actualización en la primavera-verano de 2026, con cargos adicionales relativos a 2025, a los que Israel probablemente tendría que responder antes de la primavera de 2027. Pero ahora Sudáfrica tendrá hasta el 22 de noviembre de 2027 para responder al escrito judicial israelí y presentar cualquier actualización, mientras que Israel tendrá hasta el 22 de mayo de 2029 para responder; lo que significa, según este diario, que probablemente no habrá más vistas judiciales antes de finales de 2029, si no de 2030.
Según opinaba la organización UN Watch en su cuenta de X, la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia “se está desmoronando. Al principio alegaron que el caso era urgente. Pero ahora el Gobierno del CNA ha conseguido una prórroga de 18 meses para presentar sus alegaciones. …. Menuda urgencia. Menudo genocidio”.
Mas, fuentes israelíes mencionadas por el Jerusalem Post, temían que este aplazamiento no esté motivado en ganar tiempo para reunir pruebas, sino, antes bien, la intención de Sudáfrica sería retornar a la corte en 2029 una vez concluido el mandato del presidente estadounidense Donald Trump, con la esperanza de que el nuevo mandatario sea más favorable a su posición, en una corte donde, decía el medio, la política a menudo influye en el voto de los jueces.
Y, quien dice Sudáfrica, dice en realidad la República Islámica de Irán. Porque, es que tal como advertía el Middle East Africa Resarch Institute (MEARI) en 2025 un informe, existe “una alineación del gobierno del Congreso Nacional Africano (ANC) con el régimen teocrático de Irán”. El país africano, explicaba el instituto, ha protegido sistemáticamente a Irán en las Naciones Unidos y en el Organismo Internacional de Energía Atómica, votando a menudo en contra de las sanciones o absteniéndose.
Otra de esas cuestiones que, vaya a saber uno por qué, se pasan de manera tan contundente por alto.
Otro informe, este del Institute for the Study of Global Antisemitism & Policy (ISGAP), revelaba el alcance y la profundización de los vínculos del partido político gobernante en Sudáfrica, el Congreso Nacional Africano (ANC), con organizaciones terroristas internacionales y sus patrocinadores estatales, entre ellos Hamás, Hizbolá, Irán (que también financió, armó y asesoró a Hamás) y Catar:
“El informe relaciona la alineación política y financiera de Sudáfrica con Irán y Catar —ambos principales patrocinadores del terrorismo global— con su campaña para presentar una demanda contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)”.
Y explicaba que inmediatamente después de que Sudáfrica presentara su demanda, surgieron sospechas sobre la financiación iraní. Frans Cronje, antiguo director ejecutivo del South African Institute of Race Relations (IRR), afirmó en una entrevista radial, siempre de acuerdo con el informe, que Irán le pagó al ANC para que litigara contra Israel ante la CIJ. Cronje, de acuerdo con el informe, señaló en una entrevista que era “difícil pasar por alto la coincidencia entre el espectacular cambio financiero del ANC después de octubre de 2023 y el interés del Gobierno por Gaza”.
Em este sentido, y noviembre de 2024 el Jerusalem Post informaba que – otra vez las casualidades, las coincidencias, la intervención del albur – la ANC “recibió una repentina entrada de dinero en efectivo no identificado tras una serie de reuniones entre líderes de Hamás, Irán y Catar y ministros del ANC”. Los líderes del ANC, proseguía el medio, se negaron a revelar el origen de los fondos, que cubrieron la totalidad de las deudas del partido, que ascendían a casi 30 millones de dólares”.
No sólo el rastro del dinero, sino la estrategia de dilación parece conducir con pocas escalas a Teherán.
Pero hay quienes esquivan asuntos trascendentes casi de forma tan impecable como Keanu Reeves regateaba las balas en la película Matrix.