En el contexto de los bombardeos de Hezbollah y la República Islámica sobre Israel, La Sexta dedicó varios espacios a difundir una misma idea: que en Israel existe una forma de “apartheid” en el acceso a los refugios antiaéreos. Según esta narrativa, el Estado israelí permitiría el acceso a estos espacios de protección en función de la identidad étnica o religiosa de sus ciudadanos, dejando a la población árabe en una situación de discriminación incluso en plena emergencia. La acusación es grave. Pero cuando se analizan con atención las piezas emitidas por el canal, lo que aparece no es una prueba de esa política, sino un ejemplo bastante claro de cómo se construye un relato a partir de datos reales presentados sin el contexto necesario.
Analicemos tres ejemplos:
Informativo principal del canal, en su edición de las 14:30 iniciaba su segmento con las afirmaciones de la presentadora:
“Los refugios en Israel no son de libre acceso para todo el mundo. Esa es una realidad, por mucho que algunos se empeñen en negarlo. Lo denuncian personas que están allí: periodistas y ONG que trabajan sobre el terreno. Según estas denuncias, las autoridades israelíes limitan el acceso de la población árabe a muchos de estos refugios. Además, de todos los refugios existentes actualmente en el país, apenas un 0,3% se encuentra en zonas árabes”.
El resto de la noticia ahondaba en esa idea, con entrevistados que no llegan a decir en ningún momento que se discrimine a los árabes, pero cuyas declaraciones, tal y como se presentan sí parecen sugerirlo.
En una apuesta mayor, el reportaje llega a afirmar que “Las ong denuncian que los israelíes prohíben la entrada a árabes y extranjeros en sus búnkeres”. Una información que ya circuló en junio de 2025 y que la BBC se ocupó de desmontar.
Más Vale Tarde, magacín informativo de actualidad y análisis político, emitía a las 19:15 un informe sobre el mismo tema y con la misma perspectiva. En el reportaje, además de hablar directamente de “apartheid”, se contraponían dos imágenes de dos refugios: uno en una zona árabe con poca gente y otro donde un grupo celebraba una boda y bailaba.
Las imágenes, por sí solas, no mostraban discriminación alguna, sino simplemente momentos distintos. Pero la narración en off proporcionaba el marco interpretativo necesario para que el espectador entendiera la escena como una prueba de desigualdad:
“Vais a ver una imagen de un refugio antiaéreo para la población árabe. Uno de los pocos, poquísimos que hay en Israel, porque es lo que está denunciando la población que se está produciendo, lo dicen también algunas ONG, un auténtico apartheid por parte del gobierno de Netanyahu, porque hay 11.000 refugios públicos antiaéreos para la población israelí y solo 37 para los árabes, lo cual contrasta especialmente con imágenes que vais a ver a continuación de cómo alguna parte de la población, en este caso israelí, está incluso celebrando alguna boda en uno de esos refugios antiaéreos”.
Posteriormente, el presentador del programa Iñaki López, incidía:
“Lo cierto es que teníamos conocimiento ya de que el gobierno israelí es un gobierno supremacista y que practica el apartheid con la parte árabe de su población, pero tampoco les permite a muchos árabes refugiarse en los refugios que hay en ciudades a los ciudadanos árabes, que no tienen los mismos derechos”. (Énfasis añadido)
Es rotundamente falso que los árabes no tengan los mismo derechos.
Recordemeos que el Apartheid (“separación” en el idioma afrikáans) fue un sistema institucionalizado de discriminación racial contra los ciudadanos no blancos de Sudáfrica. Regulado por unas 150 leyes codificadas, los negros fueron despojados de sus derechos. No podían votar, no podían compartir el mismo sistema de transporte que los blancos, ir a los mismos parques o a las mismas escuelas. Por ley, el matrimonio, e incluso las relaciones sexuales entre blancos y negros quedaban totalmente prohibidos.
En Israel, más allá de que como en toda sociedad las minorías experimentan ciertas dificultades, el 20% de la población árabe goza de los mismos derechos que sus conciudadanos. Pueden acceder a cualquier puesto, votan en las elecciones y tienen representación política. De hecho, fue George Karra, un juez árabe, quien mandó al expresidente Katzav a la cárcel, algo inimaginable en la Sudáfrica del apartheid. Usar ese término con la frivolidad que lo hace La Sexta, es una banalización del sufrimiento experimentado por la población negra sudafricana hasta los años noventa.
- Página Web.
Para quienes no hubieran visto los programas, La Sexta también trasladó el mismo enfoque a su página web
En uno de los párrafos se podía leer un texto especialmente interesante, porque mostraba a la perfección cómo se construye el bulo:
“A pesar de los vídeos en árabe sobre qué hacer en caso de ataque aéreo, la realidad es queel gobierno deNetanyahudiscrimina a la población musulmana. Según esgrime la organización Abraham Initiatives, solo37 de más de 11.000 refugios públicos del país son para árabes, es decir, solo el 0,3%. Además, de esos 37, ocho están inoperativos”. (Énfasis añadido)
¿QUÉ HAY DE CIERTO?
Las cifras que aparecen en el reportaje no son inventadas. Israel cuenta con alrededor de 11.000 a 12.000 refugios públicos, y es cierto que solo 37 se encuentran en municipios árabes. Este dato, citado por organizaciones como The Abraham Initiative señala existentes desigualdades en infraestructuras entre distintas localidades del país.
Pero por sí solo no respalda la narrativa de La Sexta, que insiste en presentar el acceso a los refugios como si existieran “refugios para judíos y refugios para árabes”, o como si los ciudadanos árabes no pudieran utilizarlos. En realidad, no existen refugios “para árabes” ni “para judíos”. Ese número indica únicamente dónde están ubicados los refugios, no quién puede entrar en ellos.
El acceso desigual a refugios en Israel no se debe a discriminación legal. Depende de factores mucho más prosaicos: la antigüedad de los edificios, desigualdades socioeconómicas entre barrios, problemas de planificación urbanística y, en algunos casos, falta de inversión pública o retrasos en la ejecución de proyectos.
El sistema de protección civil israelí no se basa únicamente en refugios públicos. Desde 1993, la protección es mayoritariamente privada; la ley obliga a que cada vivienda nueva incluya un Mamad o habitación segura, lo que deja la seguridad en manos de la antigüedad del inmueble y no de la etnia del vecino. De hecho, el 56% de los hogares israelíes carece de esta protección moderna, un problema que, según The Times of Israel, afecta por igual a barrios judíos humildes y a localidades árabes con infraestructuras envejecidas, afectando principalmente a grupos vulnerables: barrios humildes judíos, localidades árabes, personas mayores en edificios antiguos o familias con niños pequeños que no siempre pueden llegar a un refugio comunitario a tiempo.
Respecto a los refugios públicos, estos se abren durante las alertas y no existe ninguna ley que prohíba su uso a ciudadanos árabes. Algunas organizaciones han denunciado episodios puntuales de tensiones locales o dificultades de acceso en determinados lugares —algo que puede ocurrir en cualquier país en situaciones de emergencia—, pero convertir esos casos aislados en la prueba de que Israel “discrimina a la población musulmana” o practica un “apartheid” es un salto malintencionado que poco tiene que ver con los hechos y más con una narrativa preestablecida.
Esta falta de infraestructura preventiva no es un fenómeno exclusivo de Israel, ni responde necesariamente a una política de segregación racial. En la Europa contemporánea hemos visto tragedias similares, como el incendio de la Torre Grenfell en Londres (2017) o las inundaciones en Alemania (2021), donde la negligencia administrativa y las deficiencias urbanísticas provocaron un acceso desigual al auxilio para los ciudadanos más pobres o vulnerables. Sin embargo, en esos casos la prensa suele hablar de ‘fallos de gestión’ o ‘negligencia estatal’, mientras que cuando ocurre en Israel, canales como La Sexta prefieren saltar directamente al término ‘apartheid’ para alimentar un relato político preconcebido.
Por otra parte, el contexto estratégico es clave. Israel es uno de los pocos países donde millones de civiles viven bajo la amenaza constante de misiles desde Gaza, Líbano, Siria o Irán. El sistema Iron Dome (Cúpula de Hierro) protege ciudades árabes y judías con la misma prioridad, interceptando misiles según trayectorias de impacto, no por identidad étnica. Existen carencias reales en infraestructuras en algunos municipios árabes, y la misma sociedad israelí ha denunciado retrasos en proyectos como el Plan 550 diseñado para reducir las brechas socioeconómicas entre la población árabe y la judía, pero esto refleja problemas administrativos o presupuestarios, no una política de exclusión racial.
El argumento de la “irregularidad urbanística” es el eje central que explica la desprotección, no solo en los municipios árabes del norte, sino de manera más crítica en las comunidades beduinas del Néguev. Al vivir en aldeas no reconocidas por el Estado, estos ciudadanos tienen prohibido legalmente construir estructuras permanentes, lo que los deja expuestos ante los ataques. Este fenómeno no es una política de exclusión racial aislada, sino una manifestación de negligencia administrativa que encuentra ecos en democracias occidentales: es comparable a la situación en España, donde la “ilegalidad” de los asentamientos de Almería o la Cañada Real se utiliza como barrera burocrática para negar infraestructuras básicas y servicios de emergencia. En ambos contextos, el Estado utiliza el estatus legal de la vivienda para eludir su responsabilidad de protección, transformando un problema de planificación urbana en una crisis de derechos humanos.
En resumen, los datos sobre la ubicación de refugios públicos son ciertos, pero manipularlos como un indicio de apartheid es ignorar cómo funciona realmente la defensa civil en Israel: técnica, geográfica y destinada a proteger a todos los ciudadanos por igual, independientemente de su origen.