El 4 de agosto de 2014, los medios informaban de la decisión del gobierno español de “paralizar cautelarmente” las ventas de material militar a Israel.
El diario El País explicaba que “las ventas de armas españolas a Israel son limitadas (4,9 millones de euros en 2013, poco más del 1% del total de las exportaciones españolas), pero la medida tiene un carácter, sobre todo, político”.
El artículo destacaba que “la paralización —que en el último año se ha aplicado a Egipto, Ucrania o Venezuela, esta última en lo relativo al material policial— supone la no concesión de nuevas licencias y la suspensión indefinida de las que están en vigor (el año pasado estaban autorizadas y pendientes de ejecutar 37 operaciones por 5,9 millones).”
Además, en la misma crónica, el diario matizaba que “la suspensión de las exportaciones no tiene plazo, aunque puede revisarse en la próxima reunión de la JIMDdU, ya en septiembre. En casos anteriores en los que tampoco hubo un embargo por parte de la UE, como Egipto, España acabó modulando su compartamiento en función de la actitud de otros países europeos.”
Según un informe de Intermon Oxfam,
“El Gobierno español autorizó exportaciones de armas por un valor de más de 4.376 millones de euros en 2013. Solo en material de defensa, esta cifra representó un aumento de más del 100% respecto a las autorizaciones de 2012. Las exportaciones de armas españolas realizadas en 2013, incluido el material de defensa y de otro material antidisturbios y armas de caza y tiro deportivo, ascendieron a más de 4.000 millones de euros”
¿Y a dónde van todas esas exportaciones? Desde luego no a Israel.
El mismo Ministerio de Comercio Exterior responde a esta pregunta. A modo de ejemplo, algunos países no miembros de la OTAN que sí seguirán recibiendo armamento de España:
Barein: país que Amnistía Internacional ha acusado de ejercer detenciones arbitrarias y torturas sistemáticas, especialmente a raiz de las manifestaciones de la llamada “primavera árabe”, recibe “24,1 millones de euros en munición de defensa antiaerea, morteros y munición de entrenamiento para lanzagranadas”
Catar: país que actualmente acoge, apoya y financia a Hamás, grupo considerado terrorista por la Unión Europea, recibe “52.129 Euros en recambios para cambios de combate , antenas de comunicaciones y válvulas”.
Paquistán: país con una relación muy cercana a Al Qaeda, en conflicto territorial abierto desde 1946 por Cachemira recibe 4,0 millones de euros en reparación y modernización de motores de aeronaves, equipos electrónicos, bancos de prueba para alertador radar, repuestos para vehículos blindados y barcazas y munición diversa.”
Arabia Saudita: país en el que los derechos humanos brillan por su ausencia, pena de muerte para los homosexuales incluída, recibe “406,4 millones de euros en 2 aviones de reabastecimiento en vuelo (359,0 millones), repuestos para aeronaves, revólveres y munición de artillería.
Esto es sólo un ejemplo de los países que no verán ninguna paralización en su provisión de armas. Si España buscaba tomar una decisión que supusiera un mensaje “político”, el hecho de no incluir a ninguno de estos países con serias violaciones de Derechos Humanos entre sus objetivos deja muy claro su posicionamiento.