El título no deja lugar a dudas: “Hay que parar a Israel”. No hay que detener la carrera nuclear de la República Islámica. No. No se trata de comprender, analizar o explicar una guerra, sino de señalar a un culpable. Israel, otra vez.
El artículo publicado por El País este 18 de junio no pretende informar ni ofrecer matices: su función es erigirse en juez moral. Desde la primera línea, Israel no es un Estado que responde a amenazas, sino un ente belicista y reincidente:
“Una vez más se repite el guion. Israel bombardea Irán y tanto los países vecinos como los gobiernos europeos y las grandes potencias (Estados Unidos, China y Rusia) reaccionan pidiendo que pare la agresión y que hable la diplomacia”.
El texto construye su imagen perversa de Israel en base a varios recursos descontextualizados, como las cifras de víctimas en Gaza, sin advertir al lector que esos números provienen —como en otros conflictos anteriores— directamente del Ministerio de Sanidad de Hamás. Una organización terrorista, reconocida como tal por la Unión Europea, Estados Unidos y buena parte de la comunidad internacional, es aceptada como fuente legítima sin la menor reserva crítica. Las cifras que difunde Hamás han sido ampliamente cuestionadas por expertos y medios occidentales, pero el artículo no se detiene en ello. ¿Para qué poner en duda lo que encaja con el relato?
A lo largo del texto se insiste en que Israel actúa con impunidad, y para ello se emplean frases hechas sin sentido como “que ha ignorado todas las resoluciones de la ONU que lo ponían en solfa”. No hay una sola resolución de la ONU, vinculante, que Israel haya ignorado. Las frecuentes acusaciones de que Israel desoye a la ONU, son meros eslóganes propagandísticos, ya que las diversas resoluciones citadas como prueba —como la 465 o la 2334— fueron adoptadas bajo el Capítulo VI de la Carta de Naciones Unidas, lo que implica que son de carácter consultivo y no vinculante. Estas resoluciones no crean obligaciones legales ni constituyen derecho internacional exigible. Equiparar estas recomendaciones con incumplimientos legales es, por tanto, una distorsión jurídica utilizada habitualmente en el discurso político contra Israel.
El artículo de opinión sí plantea el derecho de Israel a buscar una solución a los problemas que lo acucian, pero no explica cómo:
“Está en su derecho de buscarlímites y garantías a los programas nuclear y de misiles de Irán(que también provocan recelos en los países de su entorno y las grandes potencias); está en su derecho de buscar el reconocimiento y la aceptación de sus vecinos árabes; y, sobre todo, está en su derecho de querer vivir en paz. Pero no así”.
“Pero no así”. Entonces ¿cómo? Porque es sencillo criticar su respuesta a los ataques desde múltiples frentes, pero estaría bien plantear otra posible respuesta. Y realista. No un mero ejercicio de buenas intenciones que probablemente no ayuden a un país amenazado por fuerzas capaces de la barbarie del 7 de octubre y cuyo maestro titiritero ansía un armamento nuclear.
Y es que no se ofrece una sola pista sobre cómo se llega a una solución política con un régimen cuyo liderazgo ha prometido, en repetidas ocasiones y en términos inequívocos, “borrar a Israel del mapa”. Un régimen que entrena y financia a grupos armados como Hamás y Hezbolá, y que está peligrosamente cerca de dotarse del arma que le permitiría cumplir esa amenaza. ¿Con qué interlocutor se supone que debe negociar Israel? ¿Con el mismo que niega su derecho a existir? ¿Con el que fomenta ataques contra civiles en sinagogas, autobuses y mercados a lo largo del planeta? Esta parte de la ecuación queda cuidadosamente borrada del artículo.
Porque el texto sobrevuela la amenaza iraní como algo muy etéreo e ignora de forma selectiva el contexto de la ofensiva israelí actual.
También se recurre a la figura de Netanyahu como un líder que usa la guerra para mantenerse en el poder, como si las decisiones estratégicas de Israel se redujeran a los intereses personales de un político. Este recurso no es nuevo: personalizar el conflicto en una figura controvertida es un modo fácil de deslegitimar toda acción estatal. Pero Israel no es una dictadura. Es una democracia con un sistema de controles, prensa libre, oposición activa y un ejército que rinde cuentas. La idea de que Netanyahu arrastra al país a la guerra para evitar la cárcel ignora que las amenazas que enfrenta Israel —terrorismo, cohetes, agresión regional— existen independientemente de quién ocupe el cargo de primer ministro.
En definitiva, lo que el artículo de El País reproduce no es un análisis, sino un guión. El mismo que tantas veces hemos leído, en el que Israel siempre es el que debe “frenarse”, mientras sus enemigos se presentan como víctimas abstractas, sin agencia ni responsabilidad.
“Parar a Israel” es más que un título. Es un juicio moral y político que exonera a sus enemigos de todo análisis. Es la consagración del doble rasero: uno para el único Estado judío del mundo y otro para quienes juran destruirlo.