En los últimos meses, pocas palabras han tenido tanto eco en los titulares internacionales como “genocidio”. El término, que debería reservarse para los crímenes más atroces de la humanidad, se ha convertido en una etiqueta política aplicada casi exclusivamente a Israel. Lo alarmante no es sólo la banalización de un concepto jurídico con implicaciones gravísimas, sino el modo en que esa acusación se ha instalado en el debate público a través de medios que reproducen titulares sin cuestionarlos y con una sorprendente dejadez informativa.
El ejemplo más ilustrativo llega desde CNN, cuyo artículo sobre Gaza fue uno de los más leídos y compartidos. Como señala el analista de CAMERA, David Litman, la cadena cometió varios errores graves: dio por válidos los datos de mortalidad de Hamás, ignoró el contexto de guerra urbana y presentó los ataques israelíes como una campaña deliberada contra civiles. CNN incluso seleccionó frases de políticos israelíes para insinuar genocidio, ignorando el contexto. Litman resume la gravedad del caso: un artículo repleto de “15 grandes engaños”, que funcionan como un molde para titulares acríticos en otros países. En España, esa réplica ha sido casi automática: diarios como El País o El Mundo reproducen las mismas afirmaciones sin verificar ni contrastar, y sin aclarar que provienen de fuentes parciales o de comisiones desacreditadas.
Más allá de la prensa, el debate se traslada al plano jurídico. El informe de la Comisión de Investigación de la ONU, presidida por Navi Pillay, acusa a Israel de violar la Convención de 1948 sobre genocidio. Sin embargo, como explica John Spencer, el documento funciona como un ejercicio de propaganda jurídica: parte de un veredicto preconcebido y recoge solo los datos que confirman su conclusión. Omite el papel de Hamás como fuerza combatiente, ignora su red de túneles, sus secuestros y su uso sistemático de escudos humanos, y borra las medidas humanitarias sin precedentes adoptadas por Israel durante la guerra. Según Spencer, el resultado es un relato construido para presentar a Israel como un agresor indiscriminado, mientras que Hamás desaparece del escenario.
Por su parte, la perspectiva jurídica de UN Watch, en un exhaustivo análisis de Salo Aizenberg, completa el cuadro: el informe de la ONU “no es más que propaganda pro-Hamás revestida de lenguaje jurídico”. El documento falla en el requisito central de todo proceso por genocidio: dolus specialis, la intención específica de destruir un grupo protegido. Ni el número de víctimas ni la devastación urbana prueban genocidio; se requiere evidencia inequívoca de una política deliberada de exterminio, que simplemente no existe. Además, el informe acepta cifras de Hamás como verdades absolutas, interpreta declaraciones israelíes fuera de contexto y omite que los daños civiles se producen en medio de un conflicto urbano con reglas del derecho de guerra, donde la responsabilidad de Hamás es central.
Esta dinámica tiene consecuencias palpables en España. Medios de referencia presentan como hecho comprobado lo que no pasa de ser una acusación política y metodológicamente débil: la narrativa de genocidio se instala en titulares, notas y análisis sin que el lector reciba información crítica ni contextual. Las consecuencias de esta banalización son profundas: se degrada el lenguaje del derecho internacional, se equipara a Israel con regímenes responsables de atrocidades históricas y se trivializa el término “genocidio”, diluyendo su significado y memoria histórica.
Como concluye Aizenberg, cualquier observador mínimamente informado notará que el sufrimiento de la población de Gaza se prolongaría menos si Hamás liberara a los rehenes y dejara de operar desde zonas civiles. La comisión omite deliberadamente este hecho, reforzando un relato que responsabiliza exclusivamente a Israel y ignora la agencia de Hamás. Esta es la narrativa que los medios españoles reproducen sin cuestionar, perpetuando un marco hostil contra Israel que carece de fundamento legal.
El mensaje final es claro: la acusación de genocidio contra Israel dice más sobre la ONU y sobre nuestros medios que sobre Israel. Tal como demuestra el análisis de UN Watch, las pruebas jurídicas son inexistentes; como advierte Spencer, la comisión prioriza narrativa sobre realidad; y como documenta Litman, los medios que amplifican estas acusaciones lo hacen a costa de la verdad. En España, políticos y medios han contribuido a normalizar una narrativa que confunde la legítima crítica con la demonización sistemática. En este escenario, el rigor, la verificación y el pensamiento crítico son más necesarios que nunca.